¿Simce: medición de calidad o estigmatización social?

Esta semana se cumplió un ritual, la presentación de los resultados del SIMCE que nuevamente nos muestran la estratificación social de los logros en la educación obligatoria sin que logre explicarla.

No da cuenta que, por un lado, tenemos una educación municipalizada que se rige por el derecho público que la regula hasta en los detalles más mínimos, exponiéndose a sanción administrativa si se aleja de él; mientras que, por otro, existe una educación privada subvencionada por el Estado que recibe la misma cantidad de dinero por alumno, pero se rige por el principio del derecho privado, dentro del cual puede hacer todo lo que requiera, excepto lo que está prohibido.

Esta última no sólo puede escoger a los "mejores", sino también exigir a los padres un pago adicional mayor a la subvención, duplicando los recursos por alumno que percibe un establecimiento municipal. Como si esto fuera poco, ambas son evaluadas de la misma forma, aunque trabajen bajo marcos legales distintos.

El SIMCE, pese a notables mejoras, sigue siendo sucesor del PER, creado bajo el régimen militar, para que los padres escogieran la mejor escuela para sus hijos.

Durante años éste que ha sido presentado y visto como sistema de medición de calidad en educación, sin serlo ha arrojado resultados que revelan la estratificación social de nuestra educación, lo que llevó al ex ministro Sergio Bitar a decir: "la inequidad se nos metió en el sistema educacional", lo que ha sido así. En efecto, en la escuela se "realiza" el capital cultural que el niño trae desde su hogar.

A mayor capital cultural (y mientras más parecido sea éste al que el establecimiento exige), más probable es el incremento del logro escolar en los instrumentos de medición (que a su vez son construidos en la misma lógica cultural sobre la que descansa la escuela).

Por lo anterior, los resultados informados cada año nos dan cuenta de la realización del capital cultural en la escuela, más que de la calidad de la educación en sí. Para evidenciar verdaderamente calidad, el SIMCE debiera presentar los resultados en términos de valor agregado por recinto o, cuando menos, la progresión o disminución de logros entre una medición y otra.

Así, por años recibimos la noticia de que los establecimientos municipalizados son deficitarios y sus profesores malos, sin que esto sea verdad.

En ese contexto de estigmatización de lo público también culpamos a los profesores, sin analizar las erráticas políticas públicas sobre profesión docente. Durante la reforma educacional de Eduardo Frei M. se contrató como profesores básicos a miles de egresados de liceos a quienes sólo se les dio una pequeña formación; luego, en el Gobierno militar, no tuvieron posibilidad de perfeccionarse.

Hoy, pese a la obligatoriedad de someterse a acreditación, cualquier entidad puede seguir dictando la carrera aunque no apruebe Es más, la LGE propone que personas sin formación docente puedan hacer clases en subsectores afines a su profesión.

A excepción de lo que fue el Proyecto de Fortalecimiento de Formación Inicial y de los actuales programas de perfeccionamiento docente, no ha habido una política de Estado consistente, como la reclamada por los decanos de educación en carta a la Presidenta.

Así, lo más probable es que sigamos cada año buscando culpables donde no están o quejándonos de la calidad de la educación, basados en resultados de un instrumento que no la mide en plenitud, repitiendo declaraciones que también parecen ser recuerdo perverso de que no estamos interpretando bien lo que ocurre en educación.

Se hace urgente detenerse y reflexionar acerca de qué estamos haciendo realmente, en un área tan sensible para el futuro de nuestro país como Estado-Nación.

*Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, miembro del Grupo de Expertos en Educación.
nombrado por la ministra de Educación Mónica Jiménez de la Jara y miembro Comisión SIMCE.